SCJ respalda tratamiento médico a niña, pese a creencia religiosa de papás

    La Corte estableció que el Estado puede autorizar tratamiento médico urgente a un menor gravemente enfermo, aunque sus padres lo rechacen por sus creencias religiosas.

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    Chihuahua

    Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia avaló la intervención de autoridades de Chihuahua para ordenar transfusiones de sangre a una niña con leucemia, cuyos padres son Testigos de Jehová.

    Esta es la primera vez que el Estado puede autorizar tratamiento médico urgente a un menor gravemente enfermo, aunque sus padres lo rechacen por sus creencias religiosas.

    “El Estado puede interferir válidamente en la autonomía parental para tomar decisiones por los padres cuando la decisión de los progenitores ponga en riesgo la vida o la salud de sus hijos”, afirmó la Sala, al aprobar por cuatro votos contra uno un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar.

    Polémica 

    El caso de la menor de edad (Saraí) comenzó en abril del 2017, se trata de una niña de seis años de edad quien fue internada en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua la cual necesitaba de transfusiones debido a tener leucemia, sin embargo sus padres se negaron al tratamiento por sus creencias religiosas.

    En aquel momento fue la trabajadora social del hospital, que por  el grave estado de salud de Saraí buscó poner a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua el caso.

    Así se inició un procedimiento de protección de menores, por el que asumió la toma de decisiones por encima de los padres, y autorizó la transfusiones, que fueron aplicadas 15 días.

    El diagnóstico eventual fue de leucemia linfoblástica aguda, que requería quimioterapia urgente y transfusiones adicionales. Los padres nuevamente rechazaron la propuesta y pidieron una segunda opinión, por lo que la Subprocuraduría autorizó la quimioterapia.

    Papás trataron de evitar tratamiento

    Al no tener derecho de decidir sobre la salud de su hija, la señora María Ignacia Chávez (mamá de Saraí), presentó un amparo en el que alegó que “los médicos y la Subprocuraduría la hacen sentir que al ser indígena es ignorante y no puede tomar las decisiones adecuadas respecto a los tratamientos de su hija”.

    Por ello en mayo de 2017, el Juez Fernández concedió una suspensión que impidió a la Subprocuraduría seguir tomando decisiones, y posteriormente concedió un amparo en el que acusó a la Subprocuraduría de “prácticas discriminatorias” contra los padres.

    La Corte, la última palabra 

     La suspensión que concedió el juez, fue la que revocó la Suprema Corte de Justicia:

    “Resulta evidente que la actuación del personal hospitalario y de la Subprocuraduría no se basó en prejuicios religiosos o étnicos, sino en la necesidad de salvaguardar la vida de la menor”, dice el fallo.

    Agrega que el procedimiento de protección a Saraí debe seguir, únicamente para autorizar las transfusiones necesarias, otorgando trato digno, incluyente y respetuoso a los padres.

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